Grupo transversal de parlamentarios logra acuerdo para destrabar proyectos energéticos

7 Junio, 2013 at 3:33 pm


 

 

Un inédito acuerdo, que permitiría destrabar el trámite legislativo de dos proyectos considerados claves en materia de desarrollo energético en el país, firmó ayer un grupo transversal de parlamentarios UDI, RN, PS, DC, PPD y PR. Así fue dado a conocer por el senador por Tarapacá, Jaime Orpis, quiém lideró el histórico acuerdo.

 

La iniciativa, en que primó una visión país por sobre los protagonismos individuales electorales, comenzó a fraguarse a inicios de este año, pero se materializó entre el martes -día en que se les presentó la propuesta a los ministros de Energía, Jorge Bunster, y de la Presidencia, Cristián Larroulet- y ayer en la tarde, con el apoyo explícito de 12 legisladores.

Se trata de los senadores Jaime Orpis (UDI), Ximena Rincón (DC), Isabel Allende (PS), Baldo Prokurica (RN), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) y Gonzalo Uriarte (UDI), además de los diputados Carlos Vilches (UDI), Mario Bertolino (RN), Manuel Rojas (UDI), Marcos Espinoza (PR), Felipe Harboe (PPD) y Juan Carlos Latorre (DC).

 

La base del acuerdo es que los proyectos de concesiones eléctricas y de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) -ambos en segundo trámite legislativo – están vinculados y deben aprobarse en forma conjunta. Esto, porque ambas iniciativas son “parte esencial de la agenda legislativa para el desarrollo sustentable, seguro y eficiente del sector energético”, señala el documento de nueve páginas.

En concreto, el acuerdo establece indicaciones de consenso para el proyecto de concesiones -el que apunta a reducir a la mitad la construcción de líneas de transmisión eléctrica y superar los cuellos de botella que en esta materia existen entre Concepción y Santiago, y entre la capital y la región de Atacama- y el de ERNC.

En concesiones establece un mecanismo de consulta en aspectos álgidos y en torno a los cuales no había sido posible hasta ahora lograr un apoyo políticamente transversal.

En primer lugar, introduce la consulta a comunidades indígenas para las concesiones ubicadas en terrenos de sus tierras. La idea es que este proceso se haga de acuerdo al reglamento que está elaborando el Gobierno y que sea solo una consulta la que se realice.

Sobre las áreas de protección silvestre, el convenio hace expreso el cumplimiento de los tratados internacionales y reglamentos vigentes.

En relación a la oposición administrativa de las concesiones, el protocolo establece en forma clara las causales para reclamar.

Respecto de las medidas precautorias, la idea es que en caso de litigio, se acepte la ejecución de obras siempre y cuando el concesionario consigne un monto suficiente de garantías para ejercer los pagos posteriores.

Si esta última condición se da, el concesionario podrá pedir la actuación de Carabineros en caso de oposición.

Ampliar plazo

Sobre el proyecto de ERNC, el acuerdo amplía el plazo. De esta forma, la meta 20/20, que estipula que al 2020 un 20% de la matriz energética debiera corresponder a ERNC, se modificó al 2025, asumiendo un punto que ha fijado persistentemente el Gobierno.

 La idea es que si el Gobierno acepta esta propuesta legislativa en su conjunto, el proyecto de concesiones pueda ser votado la próxima semana en particular, para que se convierta en ley en el corto plazo.

Este proyecto busca acortar los plazos de tramitación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), lo que permitiría apurar los procesos previos a la construcción de las obras.

 A su vez, apunta a que cuando se notifique a los dueños de los terrenos que un tendido eléctrico pasará por sus predios (mediando una compensación), el trámite se haga a través de un aviso, y no sólo por vía notarial, como ocurre hoy. Esto también contribuiría a acelerar los trámites.

 De acuerdo con estimaciones, el proyecto permitiría adelantar la construcción de las líneas entre un año y medio y dos años, en relación con los plazos que se registran actualmente. Así, los tiempos de otorgamiento de las concesiones podrían disminuir desde los actuales 700 días a 150 días.

 A juicio del sector privado, algunas de las indicaciones endurecen la iniciativa. Sin embargo, fuentes empresariales confían en que finalmente el proyecto que saldrá adelante será “razonable” y se tramitará en el más corto plazo posible para que contribuya a impulsar las obras de transmisión necesarias para el país.