En esta editorial del diario El Mercurio se cuestiona la falta de voluntad para adoptar decisiones que garanticen en el largo plazo el suministro energético en Chile.

En el artículo se cuestiona el inmovilismo para adoptar decisiones que de postergarse, podrían afectar el desarrollo del país.

INTEGRACION Y SEGURIDAD ENERGETICA

Seis grandes centrales hidroeléctricas, con una potencia superior a siete mil MW, se proyectan en la frontera entre Perú y Brasil. El primero aportará los recursos hídricos, y el segundo, la construcción y el financiamiento de las represas y de la transmisión a través de la región amazónica. El grueso de la generación se exportará a Brasil. Los presidentes Lula da Silva y García han decidido comprometer su capital político para llevar adelante esta importante empresa de integración binacional. El acuerdo responde a los superiores intereses de garantizar la seguridad energética, el bienestar de sus pueblos y la competitividad de sus economías.
Por varias décadas, Brasil se ha empeñado en el desarrollo petrolero, en diversificar sus fuentes de generación eléctrica y en la integración energética con sus vecinos. El Presidente Lula está llevando a cabo uno de los programas más significativos del mundo en biocombustibles, exploración de hidrocarburos y generación nuclear e hidroeléctrica.
Perú, en menor escala, también contempla considerables inversiones para aprovechar sus ventajas comparativas en hidrocarburos e hidroelectricidad, para responder a la creciente demanda energética que deriva de su elevado y sostenido crecimiento económico y de las necesidades rurales y periféricas no satisfechas.
La comparación de la situación peruana y brasileña con la de Chile es desalentadora. Es efectivo que en julio próximo comenzará a funcionar la planta de gas natural licuado en Quintero, que será un aporte importante, aunque tardío, a la seguridad energética. También hay unidades de generación no convencionales, eólicas y solares, pero son onerosas y de modesto aporte a la creciente demanda. Asimismo, están en construcción centrales hidráulicas de pasada y medianas, pero ellas tampoco resuelven la necesaria duplicación del parque eléctrico.
En nuestro caso, el desarrollo de centrales hidroeléctricas importantes se encuentra obstaculizado por presiones de ciertos grupos ambientalistas, mayormente extranjeros, en tanto que el apoyo político y gubernamental a esas obras no se manifiesta con claridad; estamos rezagados en el estudio de proyectos para generación nuclear y su impulso es contrario al programa presidencial del actual Gobierno; el régimen de propiedad de los hidrocarburos ha contribuido a impedir que los grandes operadores mundiales se interesen por su desarrollo, mientras la empresa estatal, que mantiene un virtual monopolio sobre su exploración, refinación e importación, registró más de mil millones de dólares de pérdidas en 2008; en fin, luego de la fracasada y perjudicial integración gasífera con Argentina, somos prácticamente el único país latinoamericano que no mantiene interconexiones con los países vecinos.
Con estos antecedentes, no resulta extraño que el grueso de las obras de generación esté basado en carbón, de conocido efecto contaminante y sin el aprovechamiento de las ventajas de limpieza y renovación de los recursos hídricos disponibles. Más importante, nuestros costos de electricidad son el doble o más de los que registra la mayoría de los países de la región, y por casi cinco años hemos vivido en total inseguridad en el abastecimiento de gas natural. Estos encarecimientos y precariedades han golpeado los presupuestos familiares y nos han dejado en desventaja para producir bienes y servicios intensivos en energía. Numerosas industrias, especialmente pequeñas y medianas, debieron cerrar por este factor.
Uno de los mayores desafíos de los futuros gobiernos chilenos será garantizar a nuestro país la seguridad y la eficiencia energética, que no sólo tienen efectos internos, sino que también afectan a la seguridad nacional, al medio ambiente y a las relaciones internacionales.

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